jueves, enero 22, 2004

Una breve visión al autoritarismo de Patricio Martínez

El autoritarismo del gobernador Patricio Martínez en el estado de chihuahua, convirtió a su administración estatal en una de las más represivas y criminales que se tenga memoria en aquella entidad.
La persecusión a periodistas que criticaron sus fallas y lo expusieron ante la opinión pública no solo nacional sino internacional, fue el distintivo de un hombre enajenado por el poder y rodeado de seres sin escrúpulos para cumplir las órdenes del ‘mandatario bárbaro’.
En este texto se detallará paso a paso, basado en fuentes de periódicos locales y revistas de internet, lo sucedido desde el 2002 cuando un grupo de reporteros se propuso ponerle nombre a un criminal apostado en la silla mayor de la tierra tarahumara.
Durante el año 2002 el trabajo periodistíco de Norte de Ciudad Juárez, titulado “Las facturas de Patricio”, detallaba con pruebas irrefutables la compra-venta de 220 hectáreas que habían sido expropiadas por el mandatario, siendo apoyada por actos de corrupción en los que estuvieron presentes el expresidente municipal de extracción priísta de Ciudad Juárez, Manuel Quevedo Reyes y varios funcionarios estatales relacionados con la construcción del fraccionamiento El Mezquital.
Dichos reportajes de Norte motivaron a que el exalcalde Quevedo, presentara una denuncia al verse afectada ‘su honorabilidad e imagen pública, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, inició una averiguación previa (947/02-405-SJZN) para consignar de forma ‘muy rápida’ el expediente ante la juez cuarto de lo penal, Catalina Ruiz Pacheco, a quien se le solicitó las órdenes de aprehensión en contra del Director General del periódico Norte de Ciudad Juárez, Oscar Cantú Murguía y Armando Delgado, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido, Rosa Isela Pérez, Francisco Luján, Carlos Huerta y Antonio Flores Schroeder, cuando se desempeñaba como Coordinador Editorial de ese medio.

1.- Norte de Juárez hizo las primeras publicaciones en enero del año 2000, revelando el inicio de las operaciones de compra-venta de tierras entre el ex presidente municipal priista, Manuel Quevedo Reyes y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Funcionarios como el entonces secretario de esta última dependencia, Jorge Esteban Sandoval Ochoa y el también entonces Secretario General de Gobierno, Víctor Emilio Anchondo, aceptaron la existencia de los tratos sin admitir entrar en detalle. (Norte 31 de enero del 2000).

2.- Esporádicamente, de ahí en adelante, Norte siguió manejando algunas informaciones tanto sobre las operaciones citadas como los proyectos que poco a poco se iban dando a conocer oficialmente sobre la construcción del conjunto habitacional. Al mismo tiempo, líderes sociales y dirigentes partidistas exigían al Estado información sobre las operaciones y cuestionaban que estas se dieran entre un ex funcionario público, ex colaborador de la campaña electoral de Patricio Martínez por la gubernatura y precisamente el Gobierno del Estado.

3.- El lunes 28 de mayo del 2001 inició Norte de Juárez la publicación de un reportaje seriado (tres partes) intitulado “El Mezquital. Los caprichos del poder”, donde el periódico ofrece a sus lectores todo el detalle sobre las irregularidades cometidas por el Gobierno del Estado, principalmente violaciones al Plan Urbano Municipal; independiente de las informaciones relacionadas con el costo de las tierras cuyos montos precisos no han sido oficializados.

4.- El jueves 31 de mayo del mismo año se publica en las páginas centrales de la sección (A) todas y cada una de las violaciones al plan urbano municipal con la construcción de El Mezquital, sustentada dicha información en declaraciones de funcionarios públicos municipales y especialistas en la materia. También es presentado un historial del llamado “Lote Bravo”, compuesto originalmente por siete mil hectáreas, de las cuales una buena parte ha pertenecido a la familia Quevedo desde 1977.

5.- El viernes 1ro. de junio del 2001 Norte publica declaraciones de peritos en valuación catastral, quienes concluyen que el Gobierno del Estado pagó a sobreprecio cerca de 100 hectáreas usadas, en parte, para construir El Mezquital. Se indica que fueron pagados 67.67 pesos por metro cuadrado, cuando el Consejo Consultivo de Catastro concluyó que debió ser pagado sólo un peso. El monto total pagado a la familia Quevedo fue de 67 millones 661 mil 103 pesos.

6.- El 12 de junio del 2001, los diputados panistas en el Congreso del Estado denuncian ante la Procuraduría General de Justicia por peculado a los funcionarios estatales involucrados en toda la operación de “El Mezquital”.

7.- Otra querella por es levantada el 13 de junio por la Coordinadora de Organismos no Gubernamentales de Juárez, Victoria Caraveo Vallina; y René Mendoza, de Acción Ciudadana. Ellos hacen alusión a violaciones al Plan Director Urbano para el Municipio de Juárez.

8.- Paralelamente a la información sobre El Mezquital, los reporteros de Norte encontraron a principios del 2002 que, mediante un acto administrativo, el Gobierno del Estado planeaba regresar a Manuel Quevedo y familia 293 hectáreas, de un total de 429 que en 1993 le habían expropiado los gobiernos panistas de Francisco Villarreal, municipal; y Francisco Barrio, estatal.

En síntesis: los abogados de Manuel Quevedo Reyes tomaron toda esta información publicada por el periódico Norte de Juárez, la compendiaron en un solo documento y lo presentaron en denuncia ante la Procuraduría General de Justicia como una campaña de difamación.

La denuncia fue presentada en enero del 2002 contra siete reporteros y el director y Presidente de Norte de Juárez, y consignada ante un juez penal durante los últimos 15 días sin haber permitido a los demandados que sus fuentes informativas corroboraran todo lo publicado.


Después del escándalo el cual trascendió las fronteras del País, la organización Le saludamos Frente a la Corrupción (PFC), una iniciativa regional que promueve y facilita el papel fiscalizador de los periodistas y medios de comunicación latinoamericanos, y que además los respalda cuando sufren represalias por sus investigaciones o reportajes, o cuando enfrentan leyes o fallos judiciales que socavan su labor periodística, criticó fuertemente la acción del gobierno de Patricio Martínez: “El procesamiento y petición de captura en contra los referidos periodistas nos llena de preocupación y consideramos que es violatoria a la libertad de expresión. Los reportajes que han originado la querella están debidamente fundamentados, y por tanto de la Procuraduría debe corresponder al seguimiento de las denuncias de corrupción y no a la represión de los periodistas, como ha ocurrido.... además de que “En su denuncia, presentada en enero de 2002, el ex presidente municipal pide una compensación de 50 millones de pesos y el cierre del periódico”.

En octubre de 2002 “Reporteros Sin Fronteras” con sede en París, Francia, manifestó su preocupación porque una juez del Estado de Chihuahua (Norte) podría dictar una orden de aprehensión contra ocho periodistas del diario Norte de Ciudad Juárez:
"Es fundamental para la transparencia de la vida pública que los periodistas puedan seguir denunciando los presuntos actos de corrupción sin arriesgar su libertad", explicó Robert Ménard, secretario general de Reporteros Sin Fronteras. En una carta dirigida a Pablo Zapata Zubiaga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, la organización pidió que no se dicte ninguna orden de aprehensión contra los periodistas. También pidió que se respeten sus derechos y que puedan tener un juicio justo e imparcial.


La siguiente es un texto original publicado en Norte después de se consignara la averiguación previa:

redacción
Ciudad Juárez.-La consignación de la averiguación previa, consistente en la denuncia que interpuso el ex alcalde priista, Manuel Quevedo Reyes, por el delito de difamación, se realizó dejando en un estado de indefensión a los acusados, ya que no se les permitió el derecho de audiencia, dijo anoche el abogado Jesús María Guevara, representante jurídico de los periodistas de esta casa editora.
La Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, por medio del agente del Ministerio Público, Sergio Villarreal Arellano, solicitó a la juez cuarto de lo penal, Catalina Ruiz Pacheco, la orden de aprehensión en contra del editor y director general de Norte de Ciudad Juárez, Óscar Cantú Murguía y siete reporteros de Norte.
En su oportunidad, tanto el editor y director general, Óscar Cantú y los reporteros, Armando Delgado, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido, Rosa Isela Pérez, Francisco Luján, Antonio Flores y Carlos Huerta, acudieron a los citatorios enviados por el agente del Ministerio Público, Sergio Villarreal.
En cada uno de los casos se reservaron el derecho de declarar con la excepción de hacerlo posteriormente, no sin antes solicitar copias de la denuncia interpuesta por Quevedo Reyes, para conocer el delito por el cual eran denunciados y buscar una estrategia de defensa.
En cambio, el agente del Ministerio Público, Villarreal Arellano, consignó la averiguación previa, sin haber proporcionado las copias que le fueron solicitadas por cada uno de los acusados, precisamente para que se enteraran de la acusación que se presentó en su contra.
El día de ayer, la juez cuarto de lo penal, Catalina Ruiz Pacheco, radicó la averiguación previa, bajo la causa penal 425/02, en donde se solicita la orden de aprehensión contra el editor, Óscar Cantú y algunos reporteros señalados.
La juez Ruiz Pacheco, fue quien libró una orden de aprehensión en septiembre del 2000 en contra del periodista Antonio Pinedo Cornejo, por este mismo delito, del que fue acusado por el entonces jefe de la Policía Municipal, Javier Benavides, vinculado en varias investigaciones periodísticas a la presunta protección de traficantes de drogas prohibidas.
El ex presidente municipal, Quevedo Reyes, hoy empresario dentro del ramo inmobiliario, interpuso la querella correspondiente desde el pasado mes de enero, por considerar que la publicación de una serie de notas y reportajes periodísticos relacionados con la construcción del fraccionamiento El Mezquital, por parte del Gobierno del Estado, le han afectado, porque él, “se considera que es una figura de alto prestigio dentro de la comunidad”.
Por su parte, el editor de Norte de Ciudad Juárez, Óscar Cantú Murguía, expresó: “sin duda, este caso sentará un precedente más, en los que de alguna forma consideramos que se pretende intimidarnos para abstenernos de hacer lo que hemos venido haciendo: informar de manera libre e independiente, sin intereses particulares o políticos”.
“Esperemos que el estado de derecho prevalezca y que así como a nosotros se os quiere meter a la cárcel, también se haga en todos los casos por igual”, dijo Óscar Cantú Murguía.

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